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MIDA - NOTICIAS: Top News

El sector privado está firme en pedir exención de Ley Jones para la isla

Thursday, August 9, 2018   (0 Comments)
Posted by: EL Nuevo Día Por Marian Díaz
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El sector empresarial cerró filas a favor de que se pida al gobierno federal que exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje en el Plan para la Recuperación de Puerto Rico, pero no es la única voz, pues la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) hizo lo propio antier ante el Congreso. 

En las últimas semanas ha habido presiones para que el gobierno local retirara del plan la recomendación de la exención del estatuto, supo El Nuevo Día. Esto obligó a las principales organizaciones empresariales del país a moverse para contrarrestar cualquier intento de eliminar la petición e insistir en que la misma tenía que ser incluida en el plan. 

La preparación del documento estuvo a cargo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (CRRO, por sus siglas en inglés), establecida por orden ejecutiva en octubre de 2017 y adscrita a la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. La CRRO tuvo el apoyo de FEMA y de RAND Corporation -empresa que tiene contrato con Homeland Security-, así como representantes de agencias estatales y federales, y del sector privado.

Al cierre de esta edición, la CRRO continuaba “trabajando los últimos ajustes”, en el documento final que enviaría al Congreso, según la portavoz de prensa de dicha oficina; por lo que se desconoce si finalmente incluyó la recomendación de la exención del estatuto federal o si la eliminó.

Este diario le preguntó la pasada semana al Primer Ejecutivo si mantendría la

recomendación en el documento final, como le ha pedido el sector privado, o si terminaría eliminándola. Ricardo Rosselló no fue categórico en su respuesta y sostuvo que ese tema trasciende Puerto Rico, ya que

“hay mucha discusión en Washington desde hace tiempo” sobre si las leyes de cabotaje son necesarias o no. No obstante, tildó de “alarmante” el que no se tenga información clara sobre si el estatuto encarece los costos de transportación en la isla.

Hay informes que dicen una cosa de un lado y dicen una cosa de otro, y uno tiene que evaluar. Es imperativo que nosotros determinemos si tiene un impacto nefasto en la economía”, contestó.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) apoyó que se incluyera la derogación de la Ley Jones en el plan. Su presidente Kenneth Rivera, le cursó una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la CRRO, con copia al gobernador, el pasado 26 de julio en la que le reitera lo perjudicial que es el estatuto para Puerto Rico.

El elevado costo de transporte afecta negativamente el costo de la comida, medicinas, materiales y otros productos esenciales para los puertorriqueños y sus negocios”, expresó Rivera en su carta.

Este citó un estudio de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, que estimó en el año 1999 que las leyes de cabotaje elevaban el costo del transporte en 30% aproximadamente. Asimismo, indicó que la Universidad de Puerto Rico estimó en otro estudio del año 2010 que la Ley Jones le cuesta $537 millones a los puertorriqueños.

Agregó que la matrícula de la CCPR, conformada por más de 1,000 empresas, se ha expresado a favor de la derogación de la Ley Jones desde hace muchos años.

La Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR) también defendió la eliminación del estatuto. “Le enviamos una carta al gobernador porque llegó a nosotros información de que había esfuerzos para que eliminara del plan lo de la exención de cabotaje”, sostuvo Marilú Otero, directora ejecutiva de la asociación, quien señaló que este pedido no es nuevo.

Las leyes de cabotaje son demasiado costosas. Esto no tiene que ver con el estatus, como escucho decir a algunos. Si por eso fuera, el estado de Hawai no estaría pidiendo la exoneración también”, dijo Otero.

La directora ejecutiva, así como la presidenta de la APPR, Liliana Cubano, le escribieron al gobernador en días recientes insistiéndole en que no eliminara del Plan de Recuperación la recomendación de eximir a la isla de las leyes de cabotaje.

Otero mencionó que el costo de reconstruir a Puerto Rico le saldrá más caro al gobierno de Estados Unidos debido a la Ley Jones, ya que tendrán que transportar los materiales de construcción en barcos estadounidenses, que son más costosos que los de banderas extranjeras. 

Defienden el libre mercado

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), así como el Centro Unido de Detallistas (CUD) también han insistido en la derogación. Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, dijo que defienden la exoneración porque “este es un asunto de competitividad. Creemos en el libre mercado y en una sana competencia, y los oligopolios no son cónsonos con eso”. 

“El que quiera decir que las leyes de cabotaje no inciden en los costos de hacer negocios en Puerto Rico miente”, dijo por su parte Nelson Ramírez, presidente del CUD. Agregó que su entidad se unirá a otras organizaciones, dentro y fuera de Puerto Rico, para cabildear en el Congreso a favor de la eliminación de la ley federal.

Incluso, la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA por sus siglas en inglés) le reclamó esta semana al Congreso que excluya a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje. La ABA considera que la Ley Jones ha obstaculizado la recuperación del país tras el azote del huracán María hace más de 10 meses.