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MIDA - NOTICIAS: Top News

El sector privado luchará contra la Ley Jones

Monday, September 10, 2018   (0 Comments)
Posted by: El Nuevo Día Por Marian Díaz
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Líderes de las principales asociaciones empresariales del país están descontentos con el virazón que dio el gobernador Ricardo Rosselló en torno a solicitar que se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje; pero aseguran que ante la timidez de esta administración, no se quedarán cruzados de brazos.

La reacción surge luego de que el gobierno circulara hace unas semanas entre varios grupos –incluyendo el sector privado– un borrador del plan de reconstrucción del país después de los huracanes Irma y María, para que hicieran sugerencias y comentarios. Entre las recomendaciones en el documento estaba el solicitarle al Congreso que eximiera a la isla de la Ley Jones, debido a que el estatuto encarece los costos de hacer negocios en Puerto Rico.

Las entidades empresariales apoyaron dicha propuesta y le dijeron al gobernador que lo respaldarían en su pedido al gobierno federal. Sin embargo, Rosselló recibió presión del congresista republicano Duncan Hunter, quien le envió una carta solicitándole que retirara tal propuesta del plan final, a lo que accedió el primer ejecutivo.

“Lamentablemente, las fuerzas a favor para que se mantenga a Puerto Rico bajo la camisa de fuerza de las leyes de cabotaje lograron su cometido”, expresó Marilú Otero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Productos 

de Puerto Rico (APPR), quien resaltó que el informe del gobierno de Puerto Rico había sido redactado y trabajado por Rand Corportation, “una compañía seria e independiente”, bajo un contrato con la oficina del Homeland Security.

“La aguaron y prácticamente ponen en duda el efecto positivo que puede tener el que a Puerto Rico lo eximan de las leyes de cabotaje”, sostuvo la vicepresidente ejecutiva de la APPR.

Otero se refería a que el lenguaje que aparece en el documento final dice que si se pudiera demostrar que la Ley Jones aumenta los precios de muchos productos importados desde puertos en Estados Unidos a Puerto Rico, entonces el Congreso podría alterar la Ley para crear alguna excepción para la isla. 

“Nuestro gobierno cedió ante la presión. Eso no significa que nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos que seguir aunando fuerzas hasta que las leyes de cabotaje se eliminen para Puerto Rico”, aseveró la ejecutiva.

De hecho, en la plataforma del partido republicano en el 2016 ya tenía el lenguaje para eximir de cabotaje a los territorios.

Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), coincidió por separado con Otero en que el gobierno “diluyó el mensaje” en el documento final. Explicó que en el borrador se catalogaba a la Ley Jones como perjudicial para Puerto Rico por encarecer el costo de los bienes importados, y solicitaba su eliminación. “Pero ahora lo limita a que se pruebe que las leyes de cabotaje tienen un efecto perjudicial para la isla. Y si es así, no dice a quién le corresponde hacer ese análisis”.

Por su parte, Johnny Fernández, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Libre del Sur (Codezol), afirmó que su entidad favorece la exención a las leyes de cabotaje y cuestionó cuántas pruebas necesita el gobierno para reconocer que el estatuto encarece los costos de transportación. “El que diga que la Ley Jones no es dañina no está viviendo aquí. No entendemos el por qué de la negativa a eximir a Puerto Rico”.

Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), deploró el cambio de postura del gobierno. “Es lamentable que hayan cedido a la presión de un congresista que evidentemente no fue transparente en sus intenciones y acaba de ser relevado de la presidencia del comité de transportación de la Cámara federal”, dijo en alusión a Hunter, a quien después de enviar la carta a Rosselló le radicaron más de 60 cargos por fraude y falsificación de documentos en California.

Lo ocurrido con el congresista Hunter, según el vicepresidente ejecutivo de MIDA, arroja luz sobre los intereses y motivaciones de los que defienden a ultranza la permanencia de la Ley Jones. “Ahora es evidente que la carta del congresista de 18 de julio no estaba motivada por dudas razonables o genuinas, ni pensando en el bienestar de Puerto Rico”.

“Ante estos sucesos el gobierno ya no debe sentir timidez alguna en reclamar se exima a la isla del cabotaje, como también lo acaba de hacer la poderosa American Bar Association mediante resolución de su asamblea hace dos semanas”, sostuvo Reyes.

Agregó que MIDA se moverá para buscar información “de manera independiente y libre de líneas partidistas”, de modo que pueda aclarar cualquier duda relacionada con los costos de alimentación en Puerto Rico. 

Jorge Argüelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), fue otro líder que alzó su voz contra la decisión de la actual administración. “El gobierno se dejó presionar y ha puesto en duda los hallazgos de tantos informes que evidencian que la Ley Jones impacta negativamente a la economía. Es frustrante que el gobierno haya doblado rodillas ante la amenaza de este señor congresista, que al final resultó ser de dudosa reputación”, expresó el líder del CUD.

La pasada semana se supo que el gobierno local cambió nuevamente de postura, e intenta que se le dé una exención temporal de cinco años a la isla y solo para el transporte del gas natural.