Print Page | Contact Us | Report Abuse | Sign In | Register
MIDA - NOTICIAS: Top News

Resuena la negativa del Congreso

Saturday, February 9, 2019   (0 Comments)
Posted by: José A. Delgado
Share |

                                                           https://i.prcdn.co/img?regionKey=4oEHtwnEbIAqmdu2%2fSROFA%3d%3d

 

El gobierno de Puerto Rico no ha hecho público la solicitud que hizo para pedir la dispensa de la leyes de cabotaje.

 

WASHINGTON.- Para un experto del grupo de estudio Instituto Cato, es desalentador que en una era de tantas divisiones político partidistas, los demócratas y republicanos del Congreso hagan causa común al oponerse a otorgar una dispensa a Puerto Rico, para el transporte de gas natural, en las leyes federales de cabotaje.

“Es notable y deprimente, que se encuentre un raro bipartidismo en la oposición a una medida que brindaría acceso a energía más barata a personas que se enfrentan a dificultades”, indicó ayer Colin Grabow, analista de Política Pública del Centro de Política Pública Comercial del Instituto Cato, con oficina en Washington D.C.

Grabow se refirió a la carta que envió el liderato del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) a la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen M. Nielsen, para solicitar que se le niegue a Puerto Rico una dispensa de 10 años para el transporte de gas natural, como parte del proceso de “transformación” del sistema energético de la isla.

 

“Pensamos que no existen razones válidas de defensa nacional para respaldar esta solicitud de exención de la Ley Jones para Puerto Rico, especialmente por un período de 10 años”, indicaron el presidente del Comité, el demócrata Peter DeFazio (Oregón), y el portavoz republicano Sam

Graves (Misuri).

 

Bajo las leyes de cabotaje, incluidas en la Ley Jones de 1920, el transporte de carga marítima entre EE.UU. y Puerto Rico tiene que hacerse en barcos que son propiedad, de bandera, fabricación y tripulación estadounidenses. Los demócratas suelen apoyar a los sindicatos de trabajadores de la industria naviera, y los republicanos a los empresarios.

Por entender que no hay barcos estadounidenses disponibles para el transporte de gas natural de EE.UU. a Puerto Rico, el gober- nador Ricardo Rosselló anunció, en diciembre pasado, la presentación de una solicitud de dispensa, que habría sido sometida ante los departamentos de Seguridad Intena y Defensa.

Según los expertos, para conseguir una exención de las leyes de cabotaje, el gobierno de Puerto Rico tendría que demostrar que es un imperativo a favor de la seguridad nacional estadounidense. El gobierno no ha hecho público el documento con su solicitud.

 

“Debido a que ningún barco estadounidense sería desplazado por esta exención y ni un solo marinero perdería su trabajo, uno no puede dejar de preguntarse de dónde emana esa oposición. El cínico, que generalmente está correcto en el Washington de hoy, sospecharía que se debe a que esa dispensa y los ahorros que generaría plantearán mayores cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener la Ley Jones”, agregó Grabow. Atribuyó la presión en contra del gobierno de Puerto Rico a los “intereses especiales” que favorecen ese estatuto.

 

El Instituto Cato, de tendencia libertaria, ha abogado, como organización, por la derogación de las leyes de cabotaje.

Por su parte, la Asociación de Navieros consideró que Puerto Ri- co tiene tiempo para prepararse para asegurar el transporte de gas natural desde Estados Unidos, si la transformación del sistema eléctrico se dirige hacia un mayor uso de ese combustible e importarlo de Estados Unidos fuese la mejor opción económica.

Eduardo Pagán, presidente de la Asociación de Navieros y gerente general de Tote Maritime, indicó que en otras jurisdicciones el tipo de transformación tecnológica que puede querer hacer el gobierno en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) toma quizá cuatro o cinco años.

Por el contrario, la construcción de una barcaza que cumpla con el potencial de las necesidades del gobierno de Puerto Rico puede tardar dos años, si se diera un acuerdo entre el gobierno o la empresa que vaya a querer transportar gas natural desde EE.UU. y una empresa naviera interesada en fabricarlo, sostuvo Pagán.

Para Pagán, el gobierno de Puerto Rico se equivocó al solicitar una dispensa de 10 años en las leyes de cabotaje para el transporte de gas natural, si la petición se hizo a base de una defensa de la “seguridad nacional” de EE.UU. “El tema para Puerto Rico no es de seguridad nacional, sino de corte económico”, asumiendo que les es más barato adquirir el gas natural en EE.UU., dijo.En ese sentido, Pagán reafirmó que la alternativa que tiene el gobierno de Puerto Rico es solicitar una dispensa específica para ciertos barcos no estadounidenses, como el que se otorgó a la isla en 2012, pero no se puso en marcha debido a la cancelación del proyecto del Gasoducto.

 

A corto plazo, el gobierno de Puerto Rico quiere gasificar dos unidades de la central de San Juan. Pero, Pagán – quien aseguró que no han intervenido con la petición del gobierno de Puerto Rico-, dijo que tiene entendido que la propuesta de la AEE persigue adquirir el gas natural para esas dos unidades en Jamaica.

“La línea divisoria en Washington es: consumidores de un lado y las criaturas de los pantanos de intereses especiales en el otro”, dijo Colin Grabow analista del instituto.