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08
SEP
2022

Sector productivo pide al unísono ser Amigo de la Corte en contra de enmiendas a la Reforma Laboral

Nueve entidades representativas de los sectores productivos del país radicaron hoy petición en el Tribunal Federal para que se les permita participar como Amigos de la Corte en el pleito radicado por la Junta de Supervisión Fiscal en contra de la Ley Núm. 41-2022.

 

Entre las entidades representadas estaba la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Asociación de Restaurantes (ASORE), Asociación Hecho en Puerto Rico (AHPR), la Asociación de Hospitales (AHPR), la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA), la Asociación de Industriales (AIPR), la Asociación de Distribuidores de Autos (PRADA), la Cámara de Comercio (CCPR), y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

 

Para el grupo, la voz de quienes tendrán el peso de pagar las decisiones desacertadas del gobierno debe ser escuchada en el Tribunal con especial atención, algo que no ocurrió en la legislatura.  Las entidades han sido consistentes en cuanto al daño que las enmiendas causarían a la economía, a la creación de empleos y a la enorme inflación que ya está sufriendo la Isla, lo cual afectará las proyecciones del Plan Fiscal.

 

“Apoyaremos todos los esfuerzos que representen mayor bienestar socioeconómico para nuestra isla y aquellas políticas públicas que ayude a crecer nuestra economía y el desarrollo de la libre empresa.  Esta reforma laboral limita la capacidad de expansión del empresario puertorriqueño y nos distancia aun más de las mejores prácticas laborales en Estados Unidos”, comentó Cameron McKenzie, Presidente de CCPR.

 

Todas las entidades coincidieron en que resulta evidente que el costo de hacer negocios y la competitividad de nuestra economía para hacer frente a las deudas gubernamentales son áreas incluidas en la Ley PROMESA. Entienden que el gobierno no podrá pagar sus deudas, salir de la quiebra y de una recesión real de más de 16 años si no se enfoca en las necesidades reales y urgentes para que nuestra economía sea competitiva, sin depender de fondos federales no recurrentes.

 

En días recientes, organizaciones del sector productivo del país presentaron un análisis de impacto económico de las enmiendas a la Reforma Laboral contenidas en la recién aprobada Ley 41-2022, mediante una encuesta realizada a sobre 100 empresas puertorriqueñas, el cual arrojó que la implementación de esta ley puede representar costos de entre $1 millón hasta $10 millones anuales por empresa.

 

La Ley PROMESA exige reformas estructurales a cambio del alivio histórico brindado, precisamente para intentar evitar que se repita otra quiebra. Áreas como la energía, las contribuciones, el manejo de desperdicios sólidos y la educación son verdaderamente urgentes y, las organizaciones coincidieron en que el gobierno está fracasando en atenderlos. En cambio, ha decidido poner en riesgo el empleo de miles de trabajadores puertorriqueños, con una ley que hace insostenible el funcionamiento de muchas empresas bajo la realidad actual. En esa línea, destacaron que nuestra legislación es mucho más generosa en beneficios laborales que la de ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos desde antes de la ley 41, por lo que no existía ni existe un problema de beneficios laborales legislados, sino de creación de riqueza para que las empresas puedan dar más beneficios a sus trabajadores.  Aseguraron que los políticos populistas quieren crear una cortina de humo o una distracción para argumentar que hacen algo por los trabajadores, empeorando la situación económica actual en las empresas que crean los empleos para aparentar resolver un problema que no existe, en lugar de atender aquellos problemas que nos afectan a todos y que no están atendiendo adecuadamente.

 

“Es una contradicción de que, aun cuando la Isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos, se continúe legislando para aumentar costos a los que creamos los empleos.  Nuestro deseo es que los empleados en la Isla gocen de los mayores beneficios y salarios posibles, pero esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa, con la menor intervención posible del gobierno.  Si hubiesen legislado para impulsar el desarrollo económico, que permita a las empresas operar y ser competitivas, el escenario sería muy diferente”, añadió Mateo Cidre, presidente de ASORE.

 

Finalmente, resaltaron la contradicción en las actuaciones recientes por parte del ejecutivo al vetar el aumento del salario mínimo de los empleados públicos, utilizando el argumento de que no cumple con el Plan Fiscal.  Concluyeron que, al parecer, cuando se trata del dinero de otros en el sector privado, se gasta sin contemplación y los controles impuestos por el Plan Fiscal no importan.