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03
FEB
2022

MIDA y CC celebran decisión de nulidad de la reglamentación del Negociado de Transporte

La entidad empresarial había impugnado dicho reglamento sosteniendo que el aumento en las tarifas de transporte no eran aplicables por ser nula dicha reglamentación.

“Es la tercera ocasión que la CCPR prevalece en este pleito que hemos radicado consecutivamente tanto en el Tribunal de Apelaciones como en el Tribunal Supremo anteriormente. Advertimos al Negociado que ese Reglamento adolecía de las mismas debilidades del pleito anterior y nuevamente se ha decretado la nulidad”, expresó en declaraciones escritas Luis Gierbolini, presidente de los camaristas.

El Reglamento entró en vigor el 22 de agosto de 2021.

El Nuevo Día se comunicó con el NTSP para obtener una reacción, pero su presidente Jaime Lafuente indicó, por medio de su portavoz de prensa, que la agencia todavía no ha sido notificada sobre la decisión del Tribunal, por lo que prefería no emitir comentarios por el momento.

 

“Esperamos que el NTSP una vez y por todas se siente con todas las partes a crear una reglamentación adecuada, con estudios económicos y sin provocar un desfase en la operación de la empresa privada. Hemos invertido mucho tiempo y recursos y nos encontramos en el mismo lugar, por querer seguir alargando un tema que hay que atender de la forma correcta”, aseveró el presidente de la CCPR.

El NTSP tiene hasta el 18 de febrero de 2022 para solicitar reconsideración y hasta el 7 de marzo de 2022 para recurrir ante el Tribunal Supremo.

“Hacemos un llamado al diálogo con el ente regulador y estaremos vigilantes de continuar con todas las acciones que sean necesarias para asegurar que este proceso sea uno legal y cuente con todas las garantías establecidas”, agregó Gierbolini.

En el pleito anterior sobre el mismo tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó, en conjunto con la denegatoria de la petición de Certiorari, un “No ha Lugar” a la solicitud del Frente Amplio de Camioneros para intervenir.

El líder de los camaristas indicó que en julio de 2021 mientras se esperaba por esta determinación del Tribunal Supremo se convocó un paro por el Frente Amplio de Camioneros, que detuvo durante dos días los trabajos de movimiento de carga terrestre en la Isla.

El Negociado decidió para terminar el conflicto presentar esta reglamentación en el Departamento de Estado. Mientras, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha expresado que la regulación propuesta tiene que cumplir con el plan fiscal, presentar un aumento adecuado y excluir a los contratos privados.

 

Satisfecha la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos

Entretanto, la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) a través de su vicepresidente Manuel Reyes, se expresó complacida por la determinación del Tribunal de Apelaciones de San Juan.

“La eliminación de los porteadores por contrato implicaba un aumento en las tarifas, que en la coyuntura de la pandemia de coronavirus y la inflación generalizada que vivimos, sería perjudicial para los comercios y, sobre todo, para el consumidor. El Tribunal Apelativo nos dio la razón y acogió los argumentos de MIDA en su sentencia”, declaró el líder de la entidad que representa a la industria de alimentos en la isla.

Reyes explicó que MIDA y la Cámara de Comercio de Puerto Rico impugnaron, en recursos radicados por separado, el Reglamento 9293 aprobado por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (antes Comisión de Servicio Público) el 23 de junio del año 2021. Sin embargo, subrayó que aunque ambas entidades buscaban el mismo objetivo, “es incorrecto decir que MIDA se unió a otro pleito”. En un comunicado de prensa, sostuvo que fue el Tribunal quien consolidó ambos casos, pero atendió los reclamos por separado y determinó que prevalecían los planteamientos llevados por MIDA.

Reyes explicó, además, que la puesta en vigor del reglamento no solo tendría consecuencias para el consumidor, sino que sería contrario al plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

“MIDA no se opone a que se revisen las tarifas a los transportistas a los cuales podría aplicar la reglamentación de las tarifas anterior, que son los que brindan servicios ocasionalmente. Nuestra objeción es que se limite la negociación, que es como funciona la inmensa mayoría de los movimientos de carga en la Isla. Continuaremos luchando porque no se obstruya nuestra capacidad de hacer acuerdos”, dijo el ejecutivo.

 

“Las negociaciones que hacemos con los camioneros son sumamente complejas y resultan en beneficios para el transportista, el comercio y el consumidor. Hay múltiples consideraciones que inciden en las conversaciones, como, por ejemplo, las rutas y paradas para hacer las entregas en toda la isla, el tipo de carga que llevarán, si es refrigerada o seca, etc. Se le ofrecen unas garantías de carga e ingresos continuos a los camioneros a cambio de unas concesiones por parte de ellos. Siempre ha funcionado así y nunca hemos entendido por qué el gobierno ha querido cambiar un sistema eficiente y exitoso”, concluyó.