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02
SEP
2022

Organizaciones del Sector Privado apoyan acciones de la JCF en tribunales sobre la Reforma Laboral

Organizaciones del sector privado presentaron un análisis de impacto económico de las enmiendas a la Reforma Laboral en la recién aprobada Ley 41-2022, mediante una encuesta realizada a sobre 100 empresas puertorriqueñas, y expresaron su apoyo a la acción legal que la Junta de Control Fiscal (JCF) entabló en los tribunales para anular esta ley.

La encuesta se realizó a miembros de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Comercio al detal de Puerto Rico (ACDET) y Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE). Incluyó a negocios pequeños, medianos y grandes. El resultado arrojó que cada empresa puede enfrentar pérdidas millonarias al sumar todos los beneficios y licencias añadidas.

El análisis realizado por el economista Gustavo Vélez hace énfasis en que la Ley 41 opera en contra de los objetivos macroeconómicos del Plan Fiscal y las expectativas de la Junta de potenciar la creación de empleos y que no tomó en cuenta los altos costos de hacer negocios en la Isla, la inflación sin precedentes que atraviesa el país y el impacto que tiene al coincidir con el aumento al salario mínimo.

“Como economista y parte del sector privado, recomendamos que esta ley sea declarada nula según las disposiciones de la Ley PROMESA”, dijo Vélez.

“Ninguna empresa en la Isla puede absorber pérdidas entre el millón y los 10 millones de dólares al año, sin que esto implique reducir empleos, aumentar precios o inclusive el cierre permanente de sus operaciones”, prosiguió el economista.

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